Los sobrecostos logísticos en la exportación de granos fueron de 315 millones de dólares en el primer semestre. Además, afecta la generación de energía, la producción de arroz, la pesca artesanal y la disponibilidad de agua potable.

La bajante del Río Paraná es extraordinaria por su intensidad pero, sobre todo, por su duración. Es el segundo río más largo de América Latina y el impacto es acorde a su magnitud: 315 millones de dólares de sobrecostos logísticos en la exportación de granos durante el primer semestre y un Yacyretá produciendo energía al 50 por ciento. A medida que sigue su cauce, afecta a pequeñas producciones que se realizan a campo inundado como el arroz y también a la pesca artesanal que se realiza en Entre Ríos y Santa Fe. Además, genera cambios en el ambiente que afectan a algunas producciones por la salinización del agua para riego o consumo de ganado. Alerta sobre la generación de agua potable para pueblos y ciudades aledañas.

Los ribereños dicen no haber visto nunca el río así. Es que los registros marcan que la última vez que estuvo tan bajo fue en 1944. Desde junio del 2019, hace más de dos años, la tendencia es a la baja. Y va a ser peor: según los registros oficiales todavía no llegó a valores mínimos. El Instituto Nacional del Agua (INA), que pronostica semanalmente el estado situación de la cuenca, proyecta que los niveles más bajos se podrían ver en primavera.

Barcos sin granos

Uno de los impactos cuantificables de este desastre natural tiene que ver con la dificultad en la navegabilidad del río y su consecuente efecto en los costos logísticos. Es que los buques deben cargar menos productos por la escasa profundidad del canal de navegación y, en muchos casos, completar sus bodegas en puertos del sur de la provincia de Buenos Aires, como Quequén y Bahía Blanca, o hasta en el exterior, en Montevideo o Brasil.

Esta menor ocupación de las bodegas se denomina “falso flete”, ya que el costo del embarque se prorratea en una menor cantidad de toneladas transportadas. Además, la ralentización del ritmo de embarques genera otros inconvenientes operativos que vuelven a aumentar los costos. La Bolsa de Comercio de Rosario estimó pérdidas de entre 6.600 y 9.200 toneladas por barco.

Los que terminan de completar la carga en los puertos del sur suelen operar con una prima por sobre el precio de Rosario, por la disponibilidad geográfica y el costo del flete terrestre. “Este valor tendió a incrementarse a medida que la carga en el Gran Rosario se fue complejizando por la bajante”, aseguran desde la Bolsa de Comercio de Rosario.

Por último, los rosarinos denuncian que la incertidumbre adicional que significa para un buque ingresar al río Paraná con la bajante actual y tener que afrontar imprevistos castigan el precio de la harina y el aceite de soja de origen nacional.

Teniendo en cuenta estas inconveniencias, el organismo calculó que las pérdidas en la cadena de valor alcanzaron los 315 millones de dólares en el primer semestre del año. El año pasado los sobrecostos habían sido de 245 millones de dólares.

Pescadores sin peces

“El gobierno de la provincia de Santa Fe informa que a partir del miércoles 11, comienza el pago de la ayuda económica para los pescadores artesanales en el marco de la situación de emergencia sanitaria por la Covid-19 y de la bajante histórica del río Paraná”, sintetiza la situación un comunicado del gobierno de una de las provincias litoraleñas que impuso veda pesquera para proteger a los peces reproductores y no generar un daño ambiental irreparable también para la actividad. El gobierno santafesino destinará 50 millones de pesos para los 4100 pescadores artesanales que viven del río y hoy pueden hacerlo únicamente tres días a la semana.

También impusieron veda pesquera de algunos días, cupos, u obligatoriedad de devolución de peces para la pesca deportiva otras provincias litoraleñas como Misiones, Entre Ríos y Chaco. Además se redujo a un tercio, de 18.000 toneladas en 2019 a 6.400 toneladas para 2021, el cupo de exportación de peces de río. “Esto es un problema para los pescadores y para los frigoríficos”, lamenta Gaspar Borra, el subsecretario de Recursos Naturales de la provincia de Santa Fe.

La actividad pesquera que se desarrolla sobre todo en Santa Fe y Entre Ríos, aunque también lo hace en menor medida en Buenos Aires, Corrientes, Chaco y Misiones, tiene varios públicos: hay quienes pescan sábalo, bagre, patí, boga y dorado para el autoconsumo, otros para comercializar en el mercado interno, o bien para exportar a Colombia, Brasil y Bolivia.

Luego de la crisis de 2001 comenzó a tomar relevancia la exportación de pescado de río, particularmente sábalo. Con este fenómeno surgió un nuevo negocio que desarrollan frigoríficos que se instalaron desde el norte de Santa Fe hasta San Nicolás. Con el tiempo, se quedaron además con buena parte del mercado interno, cambiando las reglas del juego de cómo operaban las pesquerías. Los acopiadores comenzaron a ser los únicos intermediarios posibles para que los pescadores comercialicen con los frigoríficos, que son los que fijan el precio.

A 21 años de ese suceso, ya hay 13 frigoríficos en la zona que monopolizan la comercialización: “Hoy pagan entre 30 y 40 pesos por sábalo, y en Buenos Aires se vende a más de 150 pesos. Ahí te das cuenta lo que pasa en el medio. Existe una inequidad en la cadena de comercialización enorme y particularmente del acopiador al pescador, y del acopiador al frigorífico”, asegura Claudio Baigún, director del laboratorio de Ecologia Pesquera en Unsam, que insiste en que la bajante es una catástrofe pero a la vez una buena oportunidad para visibilizar que la pesca de exportación no es una actividad sostenible para un ecosistema de agua dulce.

“Hasta que la pesquería se recupere va a pasar un tiempo importante, no es inmediato con la suba del río. Para reproducirse los peces requieren altura y temperatura semicálida. Además, hay que darle tiempo a las larvas para que crezcan hasta tener el tamaño para pesca”, pronostica Borra.

Tierras secas

Otros impactos productivos que aún no cuentan con efecto económico son en la actividad ganadera de islas; los problemas en la captación de agua por las arroceras, la mayor concentración salina en las tierras para la plantación de frutillas, y la apicultura por el impacto en la floración de especies nativas o aparición de invasoras.

A la ciudad de Coronda, en Santa Fe, se la conoce como lacapital de la frutillas. Se plantan 326 hectáreas que resultan en alrededor de 40.000 frutillas por temporada: “Hay un 80 por ciento de los productores que utiliza agua del río para riego por su calidad. La salinidad del agua, que en tiempos normales es de 0,4 por litro, ahora está en 4,9 por litro, casi 10 veces mayor. El agua, con esas características actuales, va directamente a la raíz de la planta que comienza un proceso de deterioro progresivo”, explica el intendente de la ciudad y productor frutillero, Ricardo Ramírez, que lamenta que “las raíces de las plantas de frutilla no se están desarrollando y las hojas se están poniendo marrón por la salinidad”. 

“Toda la zona del cauce del Paraná es un complejo de islas y zonas litorales en las que existe ganadería. La sequía genera una baja disponibilidad de forraje para alimentar al ganado y de acceso al agua de manera natural”, asegura Pablo Mercuri, el director del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales del INTA.  Hay algunos lugares que, por las características de ubicación de las islas, ni los propios ganaderos pueden acceder para ordenar la producción.

La producción de arroz se hace bajo riego por inundación, y hay 253.000 hectáreas que se riegan desde el Paraná. “Queremos evitar demoras en la siembra, que es en los próximos meses. Por eso cuantificamos la disponibilidad de agua que se va tener. No va a faltar el arroz porque el 60 por ciento es para exportación, pero sí se recomienda relocalizar las tomas de agua”, reflexiona Mercuri. Alfredo Marín, especialista en arroz del INTA Corrientes, complementa: “Frente al escenario actual, se podrían ocasionar pérdidas de producción por la necesidad de reducir áreas de siembra, sumado al incremento de los costos debido a las inversiones necesarias para adecuar el sistema de bombeo o por ineficiencia en el uso de productos, como fertilizantes o herbicidas”.

Pueblos sin agua

Además de las productivas, la baja altura del río trae aparejada situaciones que impactan directamente al medio ambiente, tales como el incremento del riesgo de incendios de pastizales y un paisaje modificado con brazos que se achicaron o bancos de arena devenidos en islas y la aparición de nuevas malezas o especies invasoras.

Una de las consecuencias que más alertan en la zona tiene que ver con el descubierto de muchas de las tomas de agua potable y la salinidad que le otorga al agua la bajante: “Seamos racionales en el consumo del agua para que todos podamos seguir teniendo agua potable”, afirmó la ministra de Infraestructura de Santa Fe, Silvina Frana. Desde la provincia recomiendan que se evite lavar vehículos con agua potable, duplicar el uso del agua en el recambio de las piletas, lavar la vajilla en una fuente y hacer el recambio para no tener permanentemente la canilla abierta. La provincia compra bombas y otros elementos para posibilitar la extracción del agua y que se siga potabilizando el consumo humano, pero “este año se agravó la situación”.

La bajante empezó hace dos años y aún no tiene fecha de fin. Tampoco sus efectos a mediano y, sobre todo, a largo plazo. Ante la pregunta acerca de si estos impactos son recuperables una vez que el río recupere su cota, Pablo Mércuri es determinante: “La verdad es que ese es un gran tema a estudiar. Los sistemas productivos son resilientes y seguramente algunas actividades se recuperarán más rápido que otras, y puede que haya algunas que se modifiquen para siempre”. 

Fuente: Página 12